El anuncio el pasado 21 de mayo por parte de la Presidenta Michelle Bachelet, de contar durante su mandato con una norma que modernice y reconozca a las ferias libres como un sector prioritario para el Estado, es el resultado de un trabajo de más de 12 años. Labor que la Confederación Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF C.G) ha venido realizando, junto a otras organizaciones de feriantes, diputados, senadores, ministerios, profesionales y expertos en la materia. Entre los avances que integrará la futura ley de ferias libres, está la creación del Fondo para el Desarrollo de las Ferias Libres, un Registro Nacional y el Consejo de Nacional, que fijará políticas públicas para el sector, junto a ministerios, municipios, organizaciones de feriantes y profesionales relacionados a temas de salud, economía, vivienda, urbanismo, entre otros.
Por: Marta Péndola, Periodista ASOF C.G. escrito para la Revista Nuestro Mercado de Lo Valledor.
En el año 2003, en el gobierno de Ricardo Lagos, se gestó el primer proyecto de ley para las ferias libres (“Proyecto de ley que establece un sistema de funcionamiento y régimen de administración de las ferias libres”) que durmió en el Parlamento debido a falta de acuerdo entre las organizaciones de feriantes. Sin embargo, lo que pocos saben es que los feriantes tuvieron un primer reconocimiento legal, en el año 1938 durante el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que legalizaba a las ferias libres para asegurar el acceso al alimento y artículos de primera necesidad a la población de menores ingresos. Esta norma fue derogada durante la dictadura. Y fue en un Seminario, realizado en la comuna de La Florida de 1998. la instancia en la cual los feriantes se organizaron y decidieron que era prioritario fortalecerse y ordenarse. Ello frente al crecimiento del gran comercio y porque se decía que iban a desaparecer. Hoy las ferias reúnen a cerca de 80.000 comerciantes de norte a sur, y su aporte al empleo es de al menos 200.000 personas que trabajan en las 1.000 ferias en Chile. “Fue muy audaz en este primer instante plantear una ley, porque los feriantes no estábamos preparados para asumir la administración de nuestras ferias”, señala Héctor Tejada Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF C.G). A pesar de que muchos creían que las ferias libres serían un recuerdo histórico, ello no fue así, lo que en gran medida se debió a la toma de conciencia de los comerciantes respecto de su aporte al país, a la economía y a la salud de los chilenos a través de su alimentación, capacitándose y mejorando la infraestructura de las ferias con aportes propios y del Estado.
Alcances generales de la futura ley
La ley de ferias libres actualmente es un anteproyecto de ley, que se elabora con la participación de ministerios, de los municipios y de las organizaciones de ferias libres con representatividad nacional, como la ASOF C.G. Marco Tejero, abogado y quien asesora a la ASOF C.G desde el año 2005 en la elaboración del proyecto de ley de ferias libres y en otras materias, considera que tener una norma será un gran avance para un sector como las ferias, por su relevancia económica y como distribuidor de alimentos sanos y frescos. “Considerando su historia e importancia es muy significativo contar con un cuerpo legal propio, que establezca un marco institucional para su progreso y desarrollo de políticas públicas hacia él. El objetivo es que las ferias libres de Chile sean una actividad económica y social más estable, moderna, mejor organizada e incorporada a los planes de desarrollo, fomento, capacitación y financiamiento. En la actualidad, el funcionamiento y régimen de administración de las ferias libres de Chile está regulado básicamente por la ordenanza que cada municipio resuelve. No existe una normativa con rango legal al respecto, como tampoco criterios uniformes en las normas municipales referentes a ciertas materias que pudieran acercarse a los objetivos perseguidos por las iniciativas legislativas anteriores sobre estos asuntos”.
Dar estabilidad a los feriantes
La ley esencialmente busca eliminar la precariedad en que trabajan los comerciantes, a través de la creación de un contrato de administración, firmado entre la feria y el municipio, que sustituirá al precario permiso municipal, cuya duración varía entre los 6 meses y menos, para hacer uso de un bien público, por uno con rango legal que tendrá una vigencia mínima de 20 años renovables. Algo que les entregará estabilidad a su actividad, ya que mediante esta figura no se les podrá sacar o trasladar de sus lugares de trabajo, sin previo acuerdo del municipio con la feria. Además, fijará un número determinado de puestos- número previamente discutido por la feria como colectivo-, el que no se podrá aumentar arbitrariamente por decisión de los alcaldes. “El contrato de administración lo firma toda la feria a través de sus dirigentes y será la feria en su conjunto la que se compromete a cumplir el contrato. Si los feriantes reiteradamente incurren en faltas al contrato y, prácticamente esto se da en términos de comportamiento, el Municipio puede terminar el contrato, ya que tendrá esa atribución. Esto traerá como consecuencia que los dirigentes deben empoderarse, porque hoy no tenemos una autoridad efectiva, por lo tanto es imposible ordenar la feria. Con la ley, la feria tendrá que organizarse, de tal manera, que tenga sus propios elementos de disciplina y evite llegar a que la feria sea sancionada”, destaca Tejada.
En palabras de la misma Presidenta de la República, la implementación de esta ley representa un compromiso por parte del Estado, para integrarlas en las políticas públicas y planes de desarrollo del país. Es así que, dentro de la norma, se integra la creación del Consejo Nacional de las Ferias Libres, de carácter resolutivo y que estará orientado a proponer y discutir lineamientos para el funcionamiento sostenible de las ferias libres. Estará compuesto por ministerios, dirigentes feriantes, profesionales, municipios, ONGs y centrales de abastecimiento, entre otros actores.
Otro importante avance es el Fondo para el Desarrollo de las Ferias Libres que, con la ley, queda como una partida de recursos definitiva incorporada al presupuesto nacional, y no como un programa que debe ser aprobado todos los años. Junto a ello, se creará un Registro Nacional de las Ferias Libres, que será público y que entregará vital información estadística respecto a las ferias, ubicaciones, días de posturas.
Todo redundará en un mejoramiento del canal completo, por ende, de la calidad de vida de los chilenos, ya que uno de los principales aportes de esta cadena de distribución- compuesta por agricultor, centrales de abastecimiento y ferias- es de proveer a la población de productos frescos y sanos, ya que desde aquí se comercializa un 70% de la producción de la pequeña agricultura. “La ley es para asegurar el futuro de las ferias libres. Porque todo indica que este es el principal canal de la alimentación de los chilenos. Son muchas las externalidades positivas que tiene y la feria en particular. Y la ley busca, justamente, a través de los contratos de administración, que todas las externalidades negativas sean superadas. Desde ese punto de vista la ley es tremendamente beneficiosa para el país”, afirma Héctor Tejada.
Un detalle relevante de su implementación es que habrá una vacancia de 5 años, tiempo que tendrán las ferias libres para irse adecuando a estos cambios, ya que el contrato de administración implica la existencia de una sola directiva por feria. Para ASOF C.G es fundamental que los feriantes se informen e interioricen sobre los alcances de la ley, a través de charlas y ponencias que el gremio ha venido desarrollando en forma permanente a sus asociados y en su página web www.asof.cl.
