Entre las propuestas, se encuentran la aplicación inmediata del Estatuto de las EMT, la creación de un Ombudsman o defensoría de la MIPYME, de un PROCHILE exclusivo para las EMT, generación de impuestos escalonados al sector y de un fondo de fortalecimiento para las asociaciones gremiales.
Este martes 29 de octubre fue presentado a las candidaturas presidenciales el documento “MIPYME- EMT parte importante del Chile Real” desarrollado por 6 importantes confederaciones nacionales de micros, pequeños y medianos emprendimientos del país: La Federación Gremial Nacional de Buses del Transporte de Pasajeros Rural, Interurbano, Interregional e Internacional de Chile (FENABUS), la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile (CONUPIA), la Confederación Gremial Nacional de Ferias Libres (ASOF C.G), la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Chile (ADICO), la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile (CONTRAMEN) y la Asociación Metropolitana de Organismos Técnicos de Capacitación (AGMO A.G).
En esta oportunidad, los principales gremios se reunieron en el Comando de Michelle Bachelet con Fernanda Villegas, encargada del área Red y Ciudadanía, quien recibió el documento para su posterior discusión y análisis en una mesa ampliada con representantes del sector Mipymes.
Es el fruto de un trabajo de tres semanas de discusión en mesas temáticas llevadas a cabo en el Senado, y que dieron como resultado un informe que sintetiza las principales demandas de las MIPMES a las candidaturas presidenciales, centradas en poner fin a la concentración económica, planteando un “Modelo de Equidad”, y en reconocer a este sector como estratégico para el desarrollo del país. Todo ello entendiendo que su aporte al empleo es de un 70%, algo que no se traduce en su participación en las ventas.
“En el Chile integrante de la OCDE y de los diecinueve mil dólares per cápita no estamos incluidos. Cualquier indicador que queramos utilizar corrobora lo que señalamos: aporte de menos de 14% al PIB, y si tomamos a la mayoría del sector , la MIPE del 8%; la productividad, medida en ventas, es 10 veces mayor en una gran empresa que en una mipyme; ni que decir en términos de inversión, acceso a tecnologías que permitan la innovación constante; la participación directa o indirecta en las exportaciones cayó desde el 8% hace 20 años a menos del 1% del total ahora”, declara el informe.
“La concentración económica, agregan, ha permitido que entre los años 1998 y 2010, la Mega empresa ha aumentado su participación de ventas desde un 49% a un 68%, en tanto el resto de los segmentos disminuyó; la microempresa se redujo a un 2%, la Pyme lo hizo a un 7%. Los grandes nos desplazaron de los mejores negocios y nos hicieron para el lado”.
El informe detalla al menos 7 políticas y medidas básicas a ser implementadas por el próximo gobierno, pidiendo que en los próximos 8 años se generen políticas públicas, que permitan equiparar el promedio de aporte de las MIPYMES en el producto interno bruto y las exportaciones; en esto último- detallan- poder fijar un aporte de al menos un 28%, 5 y un 9% respectivamente, para “tener efectivamente un país equitativo y con igualdad de oportunidades, sin nosotros no hay proyecto de país viable, ni una democracia estable”, señalan.
Entre las medidas políticas, los gremios destacan la necesidad de un cambio en la institucionalidad que regula y proteja a las MIPYMES, impulsando un proceso participativo de revisión y ajuste de la ley 20.416 o Estatuto EMT, destacando como prioritario su aplicación inmediata, principalmente en lo que se refiere a convertir “al Subsecretario de Economía y EMT en la autoridad de cabeza de la política pública para el sector”.
Además, proponen la necesidad de crear la figura de un Ombudsman o Defensoría de la MIPYME y que la Fiscalía Nacional Económica aplique un programa, que impida la existencia de mercados que utilicen abusos monopólicos.
Piden una reorganización y redefinición de la institucionalidad nacional de fomento productivo, a través del Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de la EMT, con CORFO a la cabeza, junto a otras agencias de fomento, que generen instrumentos focalizados a superar los tres principales problemas del sector, con indicadores de responsabilidad, respondiendo y dando cuenta al cumplimiento por parte de los gestores públicos: mercado, financiamiento, conocimiento y tecnología.
“En ese sentido es urgente avanzar en la multiplicación de los centros de desarrollo empresarial, a nivel comunal, apoyando al mejor emprendimiento desde la base, orientado a mejorar la gestión y la administración de los negocios, simplificando, flexibilizando y descentralizando”.
Respecto al financiamiento, exigen accesos expeditos y a costos mínimos de créditos, convirtiendo “al Banco del Estado en el banco del sector: la obligación de reembolsar a la Hacienda Pública sólo el capital más una tasa similar a la del financiamiento hipotecario o que acceden las grandes empresas”.
Así mismo, demandan un sistema tributario para la equidad y la igualdad de oportunidades, en donde exista impuesto a las empresas de primera categoría, escalonado y progresivo, igual al de las personas a través del global complementario. Al respecto, agregan, que debe existir la universalidad del impuesto específico a los combustibles, “todos pagan o nadie paga”, señalan.
Finalmente, en lo que respecta al fortalecimiento de la participación, piden derogar el Decreto Ley n° 2.757 de 1979, que regula la existencia de las asociaciones gremiales (A.G), por una ley establecida en democracia, y que se genere un fondo para el fortalecimiento de las A.G, de 10 millones de dólares, para organizaciones comunales, regionales y nacionales, para su modernización y desarrollo y oferta de servicios a sus asociados.